La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II”. La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones –algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

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