Un subcomisario de la Policía fue procesado y apartado de la fuerza por retirar de manera irregular a un detenido de la seccional 15ª, vinculado con la venta ilegal de alimentos de Desarrollo Social, con el fin de realizar un pedido sospechoso relacionado con la obtención de una vivienda.
El incidente, ocurrido el 4 de enero, fue expuesto por la auxiliar Mónica Torchán, bajo las instrucciones de la fiscala Mariana Rivadeneira. El subcomisario, consciente de que no tenía autorización judicial, sacó al detenido de su celda y lo trasladó en su vehículo personal a la vivienda de otro implicado en el mismo caso de venta ilegal de alimentos. En el registro oficial, el oficial falsificó los motivos del traslado, indicando que lo llevaba a un centro asistencial, sin detallar el lugar ni el objetivo del traslado. Sin embargo, días después se comprobó que el preso nunca fue atendido en ningún hospital.
La investigación reveló que el subcomisario tenía la intención de facilitar un encuentro entre el detenido y otro investigado, quien estaba en libertad y no debía tener contacto con él. Ante la sospecha, el implicado denunció el hecho. En su defensa, el subcomisario alegó conocer al detenido por haber trabajado en el pasado con él en el reparto de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, a través de movimientos sociales. Según su relato, el detenido le pidió, durante el encuentro, si podía gestionar una casa para “el chango que manejaba”, refiriéndose al propio subcomisario. El oficial aseguró que existía un acuerdo con el Instituto Provincial de la Vivienda para asignar viviendas a sus colaboradores.
No obstante, la denuncia fue respaldada por grabaciones de cámaras de seguridad, presentadas por el denunciante, que confirmaron la versión de los hechos. Ahora, el subcomisario enfrenta las consecuencias legales y disciplinarias por su accionar, lo que pone en evidencia posibles vínculos irregulares dentro de la fuerza y cuestiona la transparencia de ciertas gestiones.
